Publicado
13/11/22
en
Diario Levante
El President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, puso el dedo en la llaga hace poco menos de dos meses cuando reclamó en un acto público acelerar la agilidad administrativa para los proyectos de energías renovables, especialmente los fotovoltaicos, en la Comunidad Valencia porque, dijo, es «altamente mejorable». En la actualidad, la Comunitat Valenciana genera 2.357 MW procedentes de fuentes renovables, lo que supone el 28,4% del total de la energía instalada (8.300 MW), según fuentes de la Conselleria de Economía. En caso de aprobarse los expedientes en tramitación, las renovables podrían alcanzar casi los 10.000 MW antes de 2026 y, si no cumplir, al menos acercarse mucho al objetivo tantas veces mencionado por el President de conseguir independencia y seguridad energética para la Comunitat. Una meta que el propio President ha convertido en uno de los ejes fundamentales de su mensaje político y que va en la línea con la propuesta por la Comisión Europea: que la energía solar fotovoltaica sea en 2030 la principal fuente energética de Europa y que el 45% del consumo de energía proceda de fuentes renovables.
Alcanzar esas metas se torna tarea difícil, máxime cuando a la clara voluntad política a favor de potenciar el desarrollo de renovables en el territorio se contraponen movimientos de determinados grupos que, con objetivos muchas veces disfrazados y, sin duda, respaldados, intentan primar sus propios intereses a los de una sociedad demandante de electricidad limpia y barata, procedente de instalaciones renovables que en su desarrollo crean empleo y riqueza para las comunidades donde se asientan. Potenciar el progresivo desarrollo de las energías renovables es una necesidad imperiosa para lograr la independencia y seguridad energética con el máximo respeto al medio ambiente. Un progresivo y constante crecimiento que no debe ser a cualquier precio.
Conseguir la autosuficiencia energética en la Comunitat Valenciana se ha convertido en un empeño del actual Gobierno autonómico, tras el lento despliegue de las renovables por la región. Tanto es así que el propio President anunció la aprobación de una «importante batería de nuevas autorizaciones» a muy corto plazo para plantas fotovoltaicas. Ya se han producido los primeros movimientos en ese sentido al desbloquearse 100 proyectos por parte de la Conselleria de Agricultura (1.600 millones de inversión). Una muestra de que la Administración valenciana se está moviendo para resolver un problema que nos afecta a muchas empresas. Una disposición que ha de ser el principio de otras de mayor empuje con el objetivo de agilizar la constada lentitud habida en la tramitación de plantas fotovoltaicas y que para muchas empresas puede suponer un grave riesgo de perder millones de euros en avales e inversión. Nuestra empresa está plenamente convencida del claro empeño por parte del President para que el crecimiento de las renovables en la Comunitat sea progresivo y constante, como así lo está demostrando, y conseguir así una independencia energética real que beneficie a ciudadanos y empresas. Un crecimiento que, eso sí, no debe ser a cualquier precio y ha de contar con el respaldo empresarial de la mejor forma que el sector puede hacerlo: cumpliendo, no solo con las exigencias que marque la normativa, sino dando un paso más en la búsqueda del máximo beneficio social.
Todo proyecto, en su tramitación, no solo debe asegurar su viabilidad y la seguridad de su ejecución y superar unos baremos de sostenibilidad cada vez más rigurosos, si no que los promotores debemos ser conscientes de que, además del cumplimiento de los requerimientos fiscales en el ámbito local y de emplear a profesionales de la localidad a la hora de construir la planta, es necesario ir más allá. Debemos elevar nuestros estándares, por otra parte, cada vez más rigurosos en el ámbito de la sostenibilidad, para incorporar medidas todavía más exigentes en lo que se refiere al respeto y defensa de la biodiversidad, a la sensibilidad social que exista en determinados entornos rurales y, por supuesto, todas aquellas que mejoren el bienestar de las personas y generen un impacto positivo real en las localidades donde tengamos presencia.
Una empresa como la nuestra mantiene una relación de compromiso con las comunidades donde está presente e invierte en ellas, no solo creando empleo, que lo hacemos, tanto en la construcción de las plantas como impulsando actividades económicas enraizadas en la localidad y en la región, sino también a través de acciones que beneficien a sus habitantes: lo que denominamos «Crear Valor Compartido». Una de tales actividades es el programa de formación de personas desarrollado junto con Cruz Roja para que se conviertan en profesionales del sector de energía fotovoltaica y, de esta forma, procurar su inserción en el mercado laboral. Una capacitación que queremos y podemos ampliar a otros sectores en función de la demanda y necesidad de las zonas donde ubicamos nuestra actividad, para de esta forma evitar la continua salida de sus habitantes a otras zonas donde esperan encontrar mejores oportunidades económicas y laborales, a la vez que dar una respuesta clara a aquellos que culpan a las renovables y, en concreto, a las fotovoltaicas, de fomentar la ampliación de la «denominada España vaciada». La creación de comunidades energéticas con el objetivo de que, tanto vecinos de manera individual como empresas y servicios públicos, puedan beneficiarse de un suministro de electricidad procedente de la fotovoltaica seguro y a bajo coste, es otro ejemplo de lo que podemos y debemos aportar como empresas. Empresas que, como la nuestra, han de asumir como propio el siguiente principio: para que un negocio prospere a largo plazo, las comunidades en las que se ubica y las personas que viven en ellas también deben progresar. Nosotros así lo hemos hecho y así lo llevamos a la práctica.
España se juega inversiones que superan los 60.000 millones de euros y, según diversos informes de consultoras especializadas, se podrían crear hasta 192.000 empleos si se instalaran solo 30 GW añadidos de energías renovables. Mantengamos una política realista y evitemos que nuestro país pierda, una vez más, una oportunidad histórica de progreso.
Ibox Energy es una compañía miembro de UNEF (Unión Española Fotovoltaica) y de APPA (Asociación de Empresas de Energías Renovables)
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